El 1,73% de los socios de SGAE se reparte el 75% de los derechos netos recaudados.
El canon digital supuso en 2007 casi 100 millones de euros.
El Gobierno español encargó en Agosto de 2008 a una agencia estatal la evaluación del Sistema de Gestión Colectiva de los derechos de propiedad intelectual.
Con cuatro meses de retraso sobre su fecha de terminación, ya que fue completada en Diciembre pasado, se han hecho públicos los resultados.
Entre la maraña de innumerables conceptos y partidas que pueblan los datos de las agencias de gestión, como “Licenciamiento centralizado de Reproducción Mecánica”, “Derecho de participación”, “Ejecución mecámica” y otros muchos arcanos, salta a la vista uno llamado “Derecho de Compensación Equitativa por Copia Privada”.
Que un concepto meramente contable haya de adornarse con un calificativo tan impropio dice mucho de las obsesiones que SGAE y sus compañeros de viaje comparten cada vez que se muestran a la opinión pública.Pese a estos sutiles empeños y a la candidez con que la Agencia estatal AEVAL se ha acercado a este asunto, ciertas evidencias se muestran inapelables:
“Resulta evidente que en todos los casos se producen concentraciones de las asignaciones en un número reducido de titulares de los derechos” Informe de AEVAL
De unos 94.000 asociados a las SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, sólo unos 1.500 son editores. Eso explicaría por qué en la web de la entidad se pueden encontrar 4.201 entradas que contienen el término autor y sólo 95 que contienen el de editor. Una continua política de comunicación demagógica hace pasar desapercibido el verdadero mal de fondo que aqueja a este instrumento de recaudación, mitad negocio mercantil, mitad bula fiscal privada.
“De la regulación jurídica de las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual se deduce la insuficiencia de regulación de sus procesos gestores” Informe de AEVAL
“Podría ser conveniente que en una segunda fase de la evaluación se profundizara en la eficacia y transparencia de las Fundaciones dependientes de las Entidades de Gestión” Informe de AEVAL
Pero lo interesante, aunque sistemáticamente diluido y oscurecido en las informaciones propagandísticas de SGAE, es el peso que estos editores, no autores, tienen a la hora de beneficiarse de la recaudación millonaria de derechos. Por un lado, son beneficiarios de una parte, a menudo un 50%, de todos los derechos de las miles de obras de su inmenso catálogo, construido durante décadas a base de ventajosos contratos suscritos por autores que se veían forzados a aceptarlos para complacer las exigencias de las grandes compañías discográficas a cambio de su imprescindible apoyo en la difusión y distribución.
Si de verdad se quiere conseguir la paz cultural, el consenso entre las dos encontradas facciones sociales que no cesan en su tira y afloja, es imprescindible que la administración se muestre fuerte y no le tiemble el pulso. Mientras unos elevan el tono de su discurso ultra recaudador, de espaldas a cualquier consideración relativista, y otros radicalizamos nuestra oposición a toda regulación del flujo digital, cabe debatir nuevas fórmulas para el futuro, respetuosas con los bellos principios que SGAE dice defender y apartadas definitivamente de un pasado de viejos e injustos privilegios que SGAE quiere perpetuar.
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